English German Espagnol Portugese Chinese Japanese Arab Rusian Italian Norvegian Dutch Hebrew Polish Turkish Hindi
Portada del sitio > 18- ESPANOL- MATERIAL Y REVOLUCION > Chile : de Allende hacia Pinochet y del reformismo pacifico al golpe (...)

Chile : de Allende hacia Pinochet y del reformismo pacifico al golpe militar fascista

Sábado 7 de junio de 2008, por Robert Paris

BMP - 193.4 KB

EL PRÉSIDENTE ALLENDE Y SU GENERAL .... PINOCHET ! DICE AL PUBLO DE TENER LA CONFIANZA EN SU FUERZAS MILITAR....

EL GOLPE DE PINOCHET CONTRA LA CLASE OBRERA

La eleccion de Allende

Las elecciones presidenciales de 1970 se desarrollaron, pues, en un contexto de relativa agitación popular. Allende, el candidato dela Unidad Popular, llegó en cabeza. La Unidad Popular se había formado en 1969 a través de la alianza del Partido Comunista, el partido más enraizado entre la clase obrera y que dirigía la Central Única de Trabajadores, la CUT; del Partido Socialista, que tenía a la vez mucha experiencia de participación gubernamental y una fraseología muy revolucionaria; del Partido Radical, o al menos lo que quedaba de ese viejo partido de las clases medias después de haberse derretido en favor de la democracia cristiana. También había el MAPU, producto de una escisión de esta última y, finalmente, dos pequeños partidos centristas. Como el de la democracia cristiana en 1964, el programa de la Unidad Popular sólo era radical en palabras. Denunciaba vigorosamente el saqueo del país y la explotación de las masas populares, estigmatizaba el reformismo "incapaz de resolver los problemas del pueblo" y preconizaba "las transformaciones revolucionarias que el país necesita". Pero, prometiendo acabar rápidamente la reforma agraria de Frei y nacionalizar las minas de cobre, el programa de la UP era prácticamente idéntico al de la DC. Las primeras cuarenta medidas a adoptar iban desde el control de los precios y la inflación hasta la distribución de medio litro diario de leche para todos los niños, pasando por el aumento de los salarios, los servicios médicos gratuitos y la construcción de alojamientos decentes. Las libertades democráticas iban a ser ampliadas y una nueva Constitución refrendaría la creación de un Parlamento único como órgano supremo de poder. Nacido en 1906 en el seno de una familia de tradición radical y masónica, Salvador Allende era ducho en lides parlamentarias. Su abuelo había sido jefe de los servicios médico-sanitarios del ejército chileno durante la guerra del Pacífico. Salvador Allende también era médico y masón. En su juventud, fue un dirigente estudiantil combativo y se vio muchas veces perseguido, detenido y procesado. En 1932, apoyó el golpe socialista de Marmaduke Grove y, en 1933. fue uno de los fundadores del Partido Socialista. A la edad de 30 años, fue ministro de Sanidad en el gobierno de Frente Popular de 1938. Desde 1945 fue senador y desde 1968 presidente del Senado. El 4 de septiembre de 1970, Allende superó a Jorge Alessandri, el candidato del reaccionario Partido Nacional, de 40.000 votos, y al candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, de 200.000. No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, correspondía al Congreso Pleno elegir entre las dos más altas mayorías relativas, cincuenta días después de la votación. La izquierda sólo podía contar sobre 80 parlamentarios contra 45 por Alessandri y 75 democristianos. Todo dependía de estos últimos. Frei dudaba. El trust norteamericano ITT, en conexión con la CIA, trató de influir sobre Frei para que la Democracia Cristiana se opusiera a la elección de Allende. Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, la derecha y el PDC desataron una campaña de terror. Hubo atentados contra edificios públicos. Un policía fue asesinado, otro herido. Allende sufrió dos atentados. Los grupos de extrema derecha incitaban al ejército a la sublevación, pero el jefe de las fuerzas armadas, el general René Schneider, se oponía a ello. Se decidió secuestrarlo, pero resistió y fue asesinado dos días antes que el Congreso se pronunciara en favor de la elección de Allende. Desde el 13 de septiembre, Allende había lanzado esta advertencia: "El pueblo sabe defender su victoria. Si algunos alocados pretenden provocar una situación que rechazamos, que sepan que el país quedará paralizado, que empresas, industrias, talleres, escuelas, cultivos de los campos se detendrán: esta será nuestra primera demostración de fuerza. Que sepan que los obreros ocuparán las fábricas, que sepan que los campesinos ocuparán las tierras, que sepan que los funcionarios escucharán la voz y las consignas de la Unidad Popular. Que se den cuenta que somos conscientes de nuestras responsabilidades, pero que tengan en cuenta también la fuerza que representa un pueblo disciplinado y organizado". ¿Consiguió Allende convencer a la Democracia Cristiana de que era él quien mejor podía impedir los disturbios populares o bien Frei y los suyos prefirieron dejar que los partidos de izquierda se desprestigiaran gestionando la crisis económica?. Sólo los jesuitas que les confesaban podrían responder a esa cuestión. En cualquier caso, el 24 de octubre de 1970, Salvador Allende era proclamado presidente de la República por la inmensa mayoría del Congreso: 153 votos a favor suyo por 35 para Alessandri y 7 abstenciones. Así, pues, fue gracias a los votos de casi la totalidad de la clase política que Allende pudo alcanzar el poder. El 4 de noviembre, después de haber recibido el fagín tricolor de manos de Eduardo Frei, Allende, el socialista francmasón, asistía al Té tradicional. Para otorgarle su apoyo, la Democracia Cristiana había exigido a Allende que aceptara un "estatuto de garantía de las libertades" elaborado por una comisión mixta Unidad Popular-Democracia Cristiana, que le obligaba a: garantizar los derechos de la oposición y sobre todo su acceso a los medios de comunicación. mantenerles sus puestos en la Administración, declarando la inamovilidad de los funcionarios. velar para que la movilización popular no supere ciertos límites y respete las instituciones. En efecto, se había estipulado que si "las asociaciones de barrio, los centros obreros, los sindicatos, las cooperativas y otras organizaciones sociales -muchas de las cuales habían sido puestas en marcha por la propia Democracia Cristiana- con las cuales el pueblo participaba en la solución de sus problemas (...) están dotadas de personalidad jurídica (...) esas instituciones no pueden pretender, en ningún caso, representar al pueblo ni substituirle ni tratar de ejercer poderes que pertenecen a las autoridades políticas". Allende dijo que todo esto no cambiaba una coma en el programa de la Unidad Popular. Y no le impidió afirmar, el 5 de noviembre, en su discurso inaugural, que se trataba de una "victoria de los trabajadores". Y Allende apoyaba sus afirmaciones citando incluso a Engels: "La evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva es concebible en los países donde la representación popular concentra todo el poder, donde, de acuerdo con la Constitución, se puede hacer todo lo que se desea desde el momento en que se tiene detrás a la inmensa mayoría de la nación". Añadiendo: "Y así es en nuestro Chile". Allende veía no obstante de una forma muy realista la política de sus adversarios, ya que agregó: "Pero, durante los sesenta días decisivos que acabamos de vivir, Chile y el mundo entero han sido testigos, sin ambigüedad alguna, de las manifiestas intenciones de violar fraudulentamente el espíritu de nuestra Constitución, de frustrar la voluntad del pueblo, de atentar contra la economía del país y, sobre todo, de provocar a través de actos desesperados un choque sangriento, violento, entre nuestros ciudadanos". Y, después de haber denunciado a los responsables, añadía: "Para garantizar la tranquilidad, la confianza y la paz de la nación, debemos enfrentarnos a ellos y desarmarlos desde ahora, bajo la responsabilidad del poder popular". Sin embargo, no fue para desarmar y paralizar a todos estos reaccionarios que Allende se dirigió a la población, sino para pedirle que volviera inmediatamente al trabajo.

Las primeras reformas y sus limites

El gobierno de la Unidad Popular aceleró el ritmo de la reforma agraria, pero se mantuvo dentro de los límites definidos por Frei. Respecto a los bancos, la industria y el comercio, el gobierno de la UP, de acuerdo con su programa, pero también para hacer frente a la crisis económica desencadenada por la derecha, se dedicó a nacionalizar las grandes empresas extranjeras o chilenas, a tomar el control de la economía para impedir la liquidación de las reservas de divisas y una devaluación catastrófica de la moneda. Allende hizo adoptar por el Parlamento la nacionalización de las minas de cobre. Ningún partido quiso votar contra y la ley fue adoptada por unanimidad, el 11 de julio de 1971. Esta fue la única ley nueva e importante que Allende consiguió obtener del Parlamento, en el cual la oposición era mayoritaria a través de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional. La exposición de los motivos de la ley concluía diciendo: "en algo más de medio siglo, esos monopolios norteamericanos han sacado de Chile el equivalente a todo lo creado por sus ciudadanos en forma de industrias, puertos, alojamientos, escuelas, hospitales y comercios durante toda su historia". En efecto, los norteamericanos se habían llevado un Chile entero con ellos. El gobierno de Allende estimó en 774 millones de dólares los beneficios excesivos realizados por las corporaciones norteamericanas. Así, una vez deducida esta cantidad de las indemnizaciones debidas por el Estado chileno, resultaba que la Connecott le debía a éste 310 millones de dólares y la Anaconda 68. Pero, aunque el gobierno chileno se hizo cargo de casi la totalidad de esta deuda poniendo de su parte 700 millones, ello no impidió que las compañías y el gobierno de los Estados Unidos protestaran violentamente. En todas las empresas nacionalizadas, en el APS (�?rea de Propiedad Social), el gobierno instauró un sistema de participación de los trabajadores a la gestión de la empresa. Pero ese sistema respondía por encima de todo a la necesidad de incrementar la producción, de resolver el principal problema que tenía planteado el gobierno de la UP. Y en todas las empresas nacionalizadas se aumentaron los ritmos de trabajo. A finales de 1971, el gobierno de la UP controlaba casi todos los recursos mineros del país: cobre, nitrato, carbón, así como la siderurgia. También tenía bajo su control el 90% del sector financiero y bancario, el 80% de las exportaciones y el 55% de las importaciones. En 1971, la producción interior aumentó el 8,5%, superando el estancamiento que se había producido a finales del período de Frei. En el plano social, además de la distribución gratuita de medio litro de leche diario a cada niño, que fue una de las medidas más populares, los salarios subieron el 35% (igual que el coste de la vida en 1970) para los empleados, el 70% para los militares y los funcionarios, el 100% para los obreros y los campesinos. Se crearon cerca de 200.000 nuevos empleos en un año y, por otro lado, se congelaron los precios. El aumento de estos últimos, que alcanzó el 35% en 1970, fue del 20% y, en el gran Santiago, el paro pasó del 8,3% a finales de 1970, a 3,8% en diciembre de 1971. Ello se había traducido ya, en marzo de 1971, en la victoria electoral de la UP en las elecciones municipales, en las que consiguió la mayoría absoluta, exactamente el 50,9% de los votos.

No tocar el aparato de estado

Sin embargo, Allende y la Unidad Popular no se apoyaron en estos primeros éxitos para aumentar su ventaja, sino al contrario. La Unidad Popular renunció a romper la resistencia del Parlamento utilizando la vía del referéndum para realizar las nacionalizaciones y la revisión de la Constitución. Las promesas de crear una Cámara única y de reformar las instituciones, fueron abandonadas. Allende respetó su promesa de no tocar a los funcionarios de una administración demócrata cristiana o de derecha que le era hostil. Con el poder judicial, hizo lo mismo. Por ejemplo, después de haber firmado un decreto para instaurar tribunales de barrio y de haber solicitado que el Parlamento lo discutiera con carácter de urgencia a finales de enero de 1971, retiró un mes después ese proyecto ante el escándalo que armó la derecha. Y, cuando la Corte Suprema de Justicia se negó a levantar la inmunidad parlamentaria de un senador comprometido en el complot que costó la vida al general Schneider, Allende se limitó a una tímida alusión a este hecho durante un mitin celebrado en Valparaíso el 6 de enero. "No tengo la intención de criticar a la Corte Suprema (...) que ella siga donde está; nosotros, por nuestra parte, seguiremos donde estamos". Eso fue lo único que se le ocurrió decir. Es más. Ordenó borrar todas las pintadas con las que los militantes de izquierda, indignados, denunciaban vigorosamente a la Corte Suprema. Tampoco hubo cambios en la policía. Ello significaba que policías y jueces proseguían su trabajo habitual defendiendo a los propietarios contra los campesinos que ocupaban las tierras o los obreros que ocupaban las fábricas, expulsando, condenando y encarcelando a la gente del pueblo. Por ejemplo, el 22 de octubre de 1971, los pistoleros a sueldo de los empresarios atacaron a los campesinos que ocupaban una hacienda. Dispararon, mataron a un campesino que militaba en el MIR, una organización de extrema izquierda que no estaba en la UP, pero que apoyaba al gobierno, hirieron a otros y consiguieron expulsar a los campesinos. Durante el entierro del campesino asesinado, el dirigente del MIR, Miguel Enríquez, explicó: "Tres carabineros participaron en los hechos al lado de los propietarios. El gobernador fue llamado tres veces con la esperanza de que interviniera. Pero no hizo nada. Se abstuvo. No se movió. Aceptó que los propietarios tirotearan a los campesinos durante tres horas (...) Un campesino ha sido asesinado y el ministro del Interior, tras haber dejado correr las cosas durante horas, aprovecha esta ocasión para condenar las ocupaciones de las grandes propiedades por los campesinos". En cuanto al ejército, el Gobierno de la UP hizo todo lo que pudo para convencer al Estado Mayor de que la Unidad Popular sólo quería su bien. Las compras de material militar a los Estados Unidos pasaron de 3,2 millones de dólares en 1970, a 13,5 millones en 1972. Por lo demás, este fue el único dominio en el que la ayuda norteamericana no fue reducida. Los oficiales del ejército siguieron haciendo cursillos dirigidos por instructores norteamericanos, los ejércitos de los Estados Unidos y de Chile siguieron realizando maniobras conjuntas, etc. A los oficiales superiores se les confiaron puestos de responsabilidad en los consejos de administración de numerosas empresas del Estado, en las minas, en la siderurgia, en la comisión de energía nuclear, en el consejo de investigación y desarrollo científico, etc. En cambio, nada se hizo para dirigirse a los soldados o los suboficiales. Al contrario, el ministro de Defensa, Ríos Valvidia, anunció de entrada el color afirmando: "No permitiré que los partidos políticos se introduzcan en las filas delas Fuerzas Armadas, sean cuales sean las circunstancias". El periódico del MIR, "El Rebelde", fue incautado en septiembre de 1971 por haber reclamado los derechos democráticos para los soldados. A pesar de que el programa de la Unidad Popular incluía el derecho de voto para los soldados y suboficiales, estos jamás lo obtuvieron. Sólo los oficiales lo conservaron. Con el pretexto de que el ejército debía seguir siendo apolítico, los partidos de la UP se abstuvieron de cualquier acción dirigida a organizar y ganar a los soldados para su causa. Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista, reconocía por otra parte con mucho acierto: "Socialmente, el apoliticismo del ejército es un fenómeno en sentido único. En la medida en que levanta una muralla ante cualquier influencia ideológica de la izquierda, lo entrega sin contrapeso a las ideas reaccionarias". Los dirigentes de la UP comprendían, pues, muy bien el problema. No obstante, prefirieron proteger tanto como pudieron al ejército de la efervescencia popular. Allende, como no importa qué político burgués, consideraba que el ejército era el principal y último recurso para mantener el orden en caso de enfrentamientos sociales. Por lo tanto, hizo cuanto pudo para conservar este instrumento intacto. No cesaba de lisonjear al ejército, como lo muestran parrafadas como esta: "Estamos orgullosos del papel desempeñado por nuestras Fuerzas Armadas. La principal característica de Las Fuerzas Armadas de Chile ha sido la obediencia al poder civil, la aceptación sin reservas de la voluntad popular expresada en las elecciones, la aceptación de las leyes de Chile, de la Constitución chilena. Y tanto yo como la Unidad Popular deseamos garantizar el mantenimiento de la conciencia profesional de las Fuerzas Armadas". Protestando vigorosamente contra "calumnias que se ha querido propagar" diciendo que el gobierno toleraría la formación de grupos armados, Allende dijo: "Lo he dicho, lo mantengo y lo reafirmo: el gobierno popular se ha comprometido -y se debe mantener la palabra ante el país- a que no haya en Chile otras fuerzas armadas que las constitucionales; es decir, el ejército de tierra, la marina, la aviación y las fuerzas de policía. El pueblo no necesita otro medio de defensa que el de su unidad y su respeto hacia las Fuerzas Armadas de la Patria".

Recurso al estado de Emergencia ante las primeras dificultades

Desde el comienzo, es evidente que Allende se empeña no sólo en mostrarse perfectamente respetuoso con las fuerzas armadas, sino que cuenta con ellas para mantener el orden y defender su propio poder. En junio de 1971, tras el asesinato por un pequeño grupo terrorista de un ex ministro del Interior, responsable de feroces represiones bajo el gobierno de Frei, Allende decretó por primera vez el estado de emergencia en Santiago, dando así poderes excepcionales a los militares por miedo a los altercados que podía provocar la oposición. El jefe de la guarnición de Santiago se apresuró a ofrecer garantías en cuanto a su fidelidad al gobierno: "Presidente, el ejército responde del control de la situación. Puede usted estar seguro de su disciplina. Al primer coronel que se mueva, lo mato yo mismo". Quien decía esto no era otro que el general Pinochet. Es significativo que, desde el comienzo, ante la primera dificultad, por miedo a enfrentamientos sociales que todavía no existían realmente, Allende se apresurara a recurrir al estado de emergencia; es decir, a refugiarse detrás de la autoridad del ejército, presentándolo así como el único salvador posible. Por otra parte, aunque la Democracia Cristiana había aceptado llevar Allende al poder, ello no quería decir que lo apoyara. En un primer tiempo, se acercó al reaccionario Partido Nacional y acabó estableciendo una alianza con él en junio de 1971. Desde entonces, ambos partidos se aprovecharon hábilmente de los temores de las clases medias. La Unidad Popular hablaba tanto de cambios radicales y utilizaba un verbalismo tan revolucionario que los pequeñoburgueses podían creer que lo peor llegaría de un momento a otro. La Democracia Cristiana se erigió en defensora dela propiedad privada amenazada y, en octubre de 1971, depositó en el Congreso un proyecto de enmienda a la Constitución, especificando que ninguna empresa podría pasar a los sectores mixto o social sin una ley especial votada por el Congreso al efecto. En diciembre de 1971, la derecha salió a la calle y protagonizó la manifestación llamada de las "cacerolas vacías". Unas diez mil mujeres de los barrios ricos desfilaron con cacerolas para protestar contra las dificultades de abastecimiento, todavía mínimas y que a ellas no les afectaban demasiado, puesto que podían recurrir al mercado negro. Estas mujeres estaban encuadradas por las tropas de choque de "Patria y Libertad", una organización fascista. Allende proclamó de nuevo el estado de emergencia. El gobierno de la UP había tratado de seducir a las clases medias. Pero éstas se dieron cuenta muy pronto de que el gobierno era muy sensible a su presión y que, cuanto más reclamaban, más obtenían; que la UP era tanto más timorata, prudente y cobarde en los actos cuanto más revolucionaria se mostraba en palabras. El secretario general del PS, Carlos Altamirano, lo reconoció algo más tarde explicando: "La Unidad Popular adoptó con estas capas una política que fue más costosa que eficaz. Fundamentalmente, nos esforzamos en satisfacer sus reivindicaciones materiales. El poder adquisitivo fue aumentando, se hicieron disminuir los intereses bancarios, la política de créditos fue reorientada en favor suyo. Los impuestos de los pequeños comerciantes fueron reducidos, mientras que 200.000 de ellos pudieron beneficiarse de la Seguridad Social. También dejaron de aplicarse a ingenieros y técnicos las disposiciones sobre la limitación de los salarios en las empresas nacionalizadas". La Unidad Popular no obtuvo con ello el agradecimiento de una pequeña burguesía que sacaba más ventajas fomentando disturbios y saboteando la economía que uniéndose a ella. Tanto más cuanto durante el segundo año del gobierno de la UP aumentaron rápidamente las dificultades económicas y se intensificó la lucha de las clases.

1972: crisis económica

Una crisis mundial precipitó la caída del precio del cobre en el mercado internacional. Y el cobre constituía el 80% de las exportaciones chilenas. Al mismo tiempo, los precios de los productos alimenticios dieron un salto en el mercado mundial, justo cuando en Chile, debido a la elevación del nivel de vida, aumentaba el consumo y la importación de alimentos. Además, a comienzos de 1972, los Estados Unidos decidieron suspender oficialmente cualquier tipo de ayuda a Chile, hasta que no fueran indemnizadas "correctamente" las corporaciones mineras nacionalizadas. Por aquel entonces, Chile había agotado sus reservas de divisas. Su balanza de pagos, excedentaria de 91 millones de dólares en 1970, alcanzaba a finales de 1972 el impresionante déficit de 315 millones de dólares. La situación financiera del Estado era tanto más delicada cuanto había debido pagar con usura la nacionalización por las buenas de la mayoría de las empresas. Ya no se hablaba de "transición al socialismo", sino de "transacción al socialismo". Además, las empresas del sector público, que debían permitir al Estado, gracias a sus beneficios, orientar y desarrollar la producción, fueron muy pronto deficitarias a causa de la congelación de los precios decidida por el gobierno, la cual las obligó a vender por debajo del coste real de producción. El déficit del sector del Estado alcanzó 21,9 millones de dólares en 1972 y 175,8 millones en 1973. Por su parte, el Congreso se negó a votar los impuestos solicitados por el gobierno, de forma que éste quedó paralizado y sólo podía subsistir emitiendo moneda suplementaria. En 1972 y 1973, Chile alcanzó la tasa de inflación más alta del mundo (163,4% en 1972; 192,8, entre diciembre de 1972 y septiembre de 1973). En cuanto a la producción, ésta no siguió la creciente demanda del consumo. Buena parte de la industria existente estaba destinada a satisfacer el lujo de las clases medias, pero el gobierno no se propuso reconvertir una parte de ella para destinarla a la producción de artículos de primera necesidad. Esto, sin contar que las empresas privadas, abastecidas a bajo precio por el sector público, embolsaron los beneficios y pusieron mucho cuidado en no reinvertirlos en la producción nacional, y que, además, los Estados Unidos retardaron las entregas de piezas de recambio y de bienes de equipo. Así, por ejemplo, alrededor del 30% de los autobuses quedaron averiados por falta de piezas de recambio o de neumáticos. El bloqueo de los precios y la escasez de ciertos productos propiciaron la creación de un formidable mercado negro, el cual contribuyó a acentuar todavía más la escasez en los circuitos de distribución normal. Se pasó fraudulentamente ganado al extranjero, mientras en el país no se encontraba carne. No había jabón, dentríficos, azúcar, aceite, harina, pero todo podía encontrarse en el mercado negro a precios diez o quince veces superiores a los oficiales. En junio de 1972, la reforma agraria estaba acabada, al menos tal como había sido prevista por la ley votada bajo el gobierno de Frei. Cerca del 40% de la super5ficie cultivable había quedado afectada. 100.000 campesinos habían beneficiado de ella, así como 30.000 eventuales contratados por las colectividades. Pero una gran parte de los trabajadores del campo había quedado al margen y había todavía un 30% de campesinos sin tierra. Choncholl, el ministro de Agricultura, lo explicaba así: "Será desde luego necesario tomar un día en consideración los problemas de esta fracción del campesinado. Pero se debe esperar esta etapa sin desorden y, previamente, asegurar políticamente nuestra retaguardia". Es necesario constatar que la Unidad Popular puso más empeño en tratar de reforzar y de satisfacer a una capa de campesinos medios que no en aliviar las necesidades de los más pobres. El resultado de ello fue que éstos se excitaron y reclamaron una reforma más radical, mientras que los campesinos beneficiados con la reforma agraria, en vez de mostrar su reconocimiento a la Unidad Popular, sólo pensaban en sus intereses y se dedicaban a vender sus productos en el mercado negro. El gobierno, por su parte, por no haberse dado los medios, nunca llegó a controlar más del 20 o el 30% del comercio. Entre el 75 y el 60% de la producción agrícola era distribuida por el sector privado y no por el organismo estatal encargado de comercializar la producción agrícola. Incluso el sector reformado vendía a menudo los productos en el sector privado en vez de hacerlo en el del Estado. De hecho, para todos los que producían mercancías o las recibían al precio establecido, existía la tentación permanente de revenderlas en el mercado negro. De hecho, el Estado se limitaba a fijar los precios, a efectuar controles intermitentes y a incautar de vez en cuando mercancías en el mercado negro. Pero nunca lo hizo de forma sistemática. Por lo demás, esta tarea habría excedido ampliamente las posibilidades de los funcionarios del ministerio de Economía. En 1971, el ministro Pedro Vuskovic trató de resolver el problema llamando a la población a crear juntas de abastecimientos y de Control de los Precios, las JAP. Estas juntas se formaban a nivel de barrio y estaban compuestas por comerciantes, amas de casa y militantes políticos y sindicales. Su misión era la de vigilar los precios, pero también podían dirigirse al Estado para que abasteciera a los comerciantes en productos agotados. Aunque consiguieron resolver algunos problemas de abastecimiento (lo cual no era una cuestión secundaria para los barrios afectados), las JAP no consiguieron atajar el desarrollo del mercado negro. Incluso, a veces, sus miembros y los comerciantes acapararon los productos suministrados por el Estado para venderlos de estraperlo. En los barrios burgueses, sólo se dedicaron a eso. Pero, cuando una JAP, en un barrio popular de Valparaíso, en marzo de 1972, tomó la iniciativa de establecer cartillas de racionamiento para la carne, la derecha armó un escándalo, el gobierno retrocedió, y la JAP tuvo que abandonar su sistema.

Impotencia politica del gobierno

La incapacidad de la Unidad Popular para impedir el desarrollo del caos económico, correspondía a su incapacidad política para hacerse respetar y temer por los propietarios, grandes y pequeños. No quiso obligar a los capitalistas, bajo la amenaza de la expropiación, a invertir; no les impidió poner sus capitales a salvo en el extranjero; no quiso dotarse de medios suficientes para terminar de una vez con el mercado negro. Para atar las manos de la burguesía, hubiera sido preciso apoyarse resueltamente en la movilización de las clases populares. Pero Allende no quería esta guerra de clase. Sólo pretendía efectuar algunas reformas en el marco del sistema, lo cual era imposible. El simple hecho de aumentar los salarios acarreaba la paralización de la economía, cuya estructura no estaba destinada a satisfacer las necesidades de las capas populares. Y, sin una acción revolucionaria y enérgica contra los intereses particulares de la burguesía, sin controlar el conjunto de la economía, Allende no podía ni frenar el caos económico ni impedir que las clases medias se pusieran cada vez más contra un gobierno que les parecía indeciso e incapaz. No fue, pues, la crisis económica la que perdió a Allende, sino más bien su política, la cual le impedía apoyarse en la fuerza de la clase obrera y las clases populares para romper la resistencia de los propietarios. La verdad es que la derecha se aprovechó de ello a fondo y con creciente audacia. En enero de 1972, los diputados de la derecha exigieron la dimisión del ministro del Interior, José Toha, perteneciente al PS. Allende salió del apuro con una astucia: reemplazó a Toha en la cartera del Interior y la nombró acto seguido -después de haber obtenido el acuerdo del Estado Mayor- ministro de Defensa. La derecha parlamentaria utilizó numerosas veces este procedimiento para obligar a Allende a recomponer su gobierno. Paralelamente, proseguía la batalla sobre la enmienda a la Constitución presentada por la Democracia Cristiana el año anterior. A principios de 1972, Allende hizo uso de su derecho de veto contra la enmienda votada por la Cámara, y ésta quiso pasar por encima amparándose en la mayoría simple de que disponía en el Parlamento. La izquierda decía que era necesaria una mayoría de los dos tercios. La situación estaba bloqueada. Sintiéndose inquieta, la Unidad Popular trató de renovar el diálogo con la Democracia Cristiana y se mostró dispuesta a negociar con ella el número de nacionalizaciones a efectuar. Y la Unidad Popular propuso de reducirlas a 91 en vez de las 245 que había prometido. En el ejército, un nuevo intento de golpe fue abortado en marzo de 1972. Un militar considerado como leal, el general Canales, estaba implicado. Se le mudó de destino, pero conservó su graduación. Fue también en este período que Allende consideró oportuno hacer entrar un militar en su gobierno ofreciéndole la cartera de Minas. En marzo de 1972, el Comité Central del Partido Socialista declaro: "Explicar que la actual relación de fuerzas puede permitir un desarrollo estable, de larga duración y tranquilo del proceso revolucionario corresponde menos a la ingenuidad que a una posición reformista y aventurista (...) si la revolución implica, en tal o cual etapa, un enfrentamiento violento, la posición correcta no es la de rechazar la revolución en nombre del menor coste, sino la de abordar de forma organizada el enfrentamiento". El PS chileno era, pues, consciente de la situación. Lo cual agrava su culpabilidad, ya que no hizo nada para evitar lo que todo el mundo veía venir, incluso él, a juzgar por sus palabras. En abril de 1972, la derecha hizo salir a la calle a 200.000 personas "para defender la libertad". Una semana más tarde, la izquierda respondió con una manifestación de 400.000. Esto se convirtió pronto en un rito. Organizando manifestaciones masivas, ambos campos contabilizaban sus partidarios. El pueblo de izquierda se creía más fuerte, pero ello no intimidaba a sus enemigos. El 12 de mayo, la derecha llamó a manifestar "por la libertad" en Valparaíso. La CUT, el MIR y los partidos de izquierda locales convocaron esta vez una contramanifestación para el mismo día. Pero, mientras la manifestación de la derecha fue autorizada, la de la izquierda fue prohibida. El propio presidente intervino para anularla. A pesar de todo, la manifestación se hizo y la policía la atacó violentamente. Un estudiante resultó muerto de un tiro y un pescador, militante del MAPU, que se había refugiado en un edificio al verse perseguido por la policía, fue echado por una ventana y quedó paralizado para siempre. Hubo también una cuarentena de heridos.

Movilizaciones obreras y paralización de las reformas

En este contexto de crecientes dificultades económicas y de incesantes provocaciones de la derecha, la población trabajadora se movilizaba cada vez más y trataba de imponer su voluntad. Las huelgas se multiplicaban (hubo diez veces más huelguistas en la industria privada en mayo del 72 que en mayo del 71), las ocupaciones de empresas se sucedían con el objeto de que el gobierno interviniera para situarlas en el sector público, al �?rea de Propiedad Social (APS), para evitar así los despidos o el cierre, y los huelguistas consiguieron a veces forzar la mano al gobierno obligándole a requisar empresas que no tenía la intención de tocar. La organización de los Cordones Industriales comienza en el Cordón Cerrillos-Maipú, el "Maipucito", en junio de 1972. Cerrillos era el principal suburbio industrial de Santiago con sus 250 fábricas y 46.000 obreros. Maipú era una vecina región agrícola donde los campesinos habían ocupado más de ciento cincuenta propiedades y reclamaban la nacionalización de todas las de la provincia, tras el arresto y el encarcelamiento de cuarenta y cuatro campesinos, condenados por haber ocupado una gran propiedad que el gobierno se proponía de todos modos expropiar. En el Cordón Cerrillos, los trabajadores habían cortado las rutas de acceso de la costa a Santiago, en protesta por la lenta tramitación al APS de varias industrias de la zona. Y, junto con los de Maipú, se presentaron ante el ministerio del Interior en una manifestación unitaria de obreros y campesinos. Los trabajadores se agruparon organizándose alrededor de los representantes de las distintas fábricas y adoptaron un programa radical y concreto a la vez, para hacer frente a los problemas más urgentes. En él afirmaban: "sostener el gobierno en la medida en que expresaba las luchas y las movilizaciones de los trabajadores". Reclamaban la expropiación de todas las empresas previstas en el programa de la Unidad Popular y todas aquellas en las que los patronos saboteaban la economía o no cumplían sus compromisos con los trabajadores; el control de las empresa en su conjunto, ejercidos por consejos obreros elegidos y revocables por los propios trabajadores; aumentos automáticos de los salarios cada vez que el coste de la vida subiera un 5%. Afirmaban que era preciso liberarse de los burgueses que habían encontrado refugio en los tribunales y el Parlamento. Exigían la creación de un organismo nacional de la construcción situado bajo el control de consejos obreros de la construcción, de los pobres y de los parados, así como la substitución del Parlamento burgués por una asamblea del pueblo. Pero fue precisamente en el momento en que se desarrollaba la movilización popular, en junio de 1972, que Allende decidió retroceder, explicando al igual que el Partido Comunista, que era preciso hacer una pausa y consolidar la alianza con las clases medias si se quería superar la crisis. La formación de Cordón Cerrillos, y de otros que se van sumando en el segundo semestre de 1972, es atacada por el Partido Comunista, y los Cordones Industriales no serán reconocidos oficialmente por los diligentes del Partido Socialista sino más tarde, cuando los gremios patronales del transporte y el comercio amenazarán la estabilidad del gobierno. En junio de 1972, Allende esperaba todavía que, deteniendo las reformas, podría llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana. Pero, a pesar de todos los retrocesos de la Unidad Popular, Frei acabó rompiendo las negociaciones. El gobierno, modificado para aplicar la pausa, decretó la restitución de las empresas ocupadas a los patronos y encargó de ello a los carabineros, insistiendo al mismo tiempo y más que nunca en que " había que ganar la batalla de la producción". Un dirigente de un sindicato de la pequeña industria expresaba así su decepción: "Con este gobierno, yo creía que íbamos a avanzar con fuerza. Al principio, se ha avanzado fuerte durante ocho meses, un año; luego hemos ido más despacio (...) También quiero mencionar que se ha dicho a los trabajadores: "no a las huelgas", "no alas ocupaciones", que no serán aceptadas y que se aplicará rigurosamente la ley. Y yo me pregunto: ¿qué otra rama tenemos nosotros, los trabajadores, para golpear la enemigo que siempre se ha negado a negociar los contratos?" Es también en este período que se sitúa una operación policial particularmente violenta y que todavía hoy no se sabe si fue decidida deliberadamente desde lo alto o si la policía se sintió autorizada a realizarla alentada por la actitud contraria de las luchas populares que había adoptado el gobierno de la UP. En cualquier caso, el 5 de agosto, con el pretexto de buscar a alguien en una población de chabolas, las de Hermida, controlada por MIR, la policía invadió el campo. Un testigo de los hechos los relató de la siguiente manera: "A las seis y cuarto de la mañana, llegaron al campo treinta y dos camionetas, cuatro autobuses del Grupo Móvil, dos blindados, dos camiones de transporte de caballos y tres ambulancias. Cortaron la electricidad del sector y desde una camioneta con altavoces nos llamaron a salir a la calle para defender el gobierno popular que había sido derrocado. Los pobladores empezaron a salir por las calles obscuras. Entonces, la policía encendió luces de Bengala y empezó a ametrallar a los pobladores. Entraban a las casas a las patadas, gritaban a los dirigentes que se rindieran y seguían disparando".

Se agrava la crisis

En agosto, el gobierno aumentó los precios para tratar de frenar la demanda y de estimular la producción. De un día al otro, los precios aumentaron del 60%, 90%, 150% e incluso más. Ello provocó el pánico y una extensión del mercado negro. Las tiendas quedaron vacías y los comerciantes se pusieron en huelga. He ahí otro testimonio que ilustra claramente cuál era la atmósfera que reinaba en Santiago en aquellos momentos: "Casi cada día hay registros y se encuentran toneladas de azúcar acaparado y escondido, latas de pescado, víveres, pollo... El lunes, el paro ha sido total en el comercio, a pesar de que la Cámara del Comercio y otras asociaciones de comerciantes se habían comprometido durante el fin de semana a suspender la huelga (...)."

"Hacía las dos de la tarde se ha escuchado en la radio nacional al ministro de Economía, Carlos Matus (socialista), anunciar que se aplicaría la ley de seguridad interna del Estado a los comerciantes que no hubieran abierto antes de media hora (...)."

"Hemos ido enseguida al centro. Y lo que hemos visto allí era espantosos. Las bandas paramilitares y de extrema derecha de Patria Libertad habían ocupado la calle e impedían la acción de las autoridades. Cientos de jóvenes, perfectamente entrenados, armados con bastones, hondas (...) insultaban y agredían a los representantes del gobierno, excitaban a los carabineros y daban patadas a los camiones de la policía (...)."

"Hacia las ocho de la noche, escuchando la radio, nos hemos enterado de que Allende estaba reunido con los jefes del comercio, con los mismos que habían jurado que no cerrarían, los mismos que no habían abierto tras las amenazas de Carlos Matus, los mismos que llaman y dirigen las bandas de Patria y Libertad. Allende estaba con ellos y les prometía no aplicar ninguna de las sanciones anunciadas si ellos prometían a su vez no reincidir..."

"Los comerciantes han sido perdonados. Los de Patria y Libertad han incendiado sus autocares, han rodeado la casa del ministerio de Trabajo y le han injuriado y golpeado con sus bastones. (...) Y para colmo, han matado a dos campesinos socialistas: Pero el mismo lunes han sido liberados todos los detenidos. Bajo fianza. Pero están libres". Todo esto muestra como los retrocesos y la cobardía del gobierno, en vez de conseguir atraer a las clases medias, sólo servían para estimular sus violencias. Se preparó un nuevo golpe de Estado instigado por el general Canales. Esta vez, no se le mutó: se le dio el retiro. El 1 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la Unidad Popular declaraba: "En caso de tentativa de golpe de Estado por los conspiradores fascistas, es preciso responder con la huelga de todos los trabajadores, con la ocupación de las fábricas, de las explotaciones agrícolas, de los servicios". Y llamó a constituir comités de autodefensa. La CUT lanzó las mismas consignas. El 4 de septiembre, aniversario de la victoria de Allende, hubo una inmensa manifestación popular de entre ochocientos mil y un millón de personas, descontentas del gobierno, por supuesto; pero dispuestas a pesar de todo a apoyarlo contra la derecha. Una pancarta con la inscripción "El gobierno es una mierda, pero es el mío y yo lo defiendo" reflejaba el espíritu de las masas.

La huelga de octubre de 1972 y la respuesta obrera

La derecha y los patronos trataron de derrocar al gobierno lanzándose a sabotear la economía a través de una huelga patronal cuyo objetivo era hacer pasar hambre a las clases pobres, paralizar el país y obligar al ejército a intervenir. El 10 de octubre, durante una manifestación de cerca de 300.000 personas, los dirigentes de la derecha llamaron a "luchar sin ahorrar medios" contra el gobierno, al cual calificarlo de ilegal. A partir del día siguiente, la corporación de los camioneros decidió efectuar una huelga ilimitada. Los pequeños comerciantes, médicos, arquitectos, abogados, empleados de banca y propietarios de transportes públicos; en fin, todas las asociaciones profesionales de las clases medias, siguieron a los camioneros. Por su parte, los comandos de Patria y Libertad patrullaban por las calles y atacaban a los comerciantes y a los conductores de camiones o autobuses que no secundaban la huelga. Pero la ofensiva de la derecha y de los propietarios provocó una enérgica reacción de las clases populares. Los obreros se apoderaron de las fábricas y reemprendieron la producción. En muchos barrios populares, los trabajadores se encargaron directamente de la circulación y la distribución de los víveres. Por bloques de viviendas, se eligieron representantes encargados de organizar el reparto de alimentos. Aparecieron cartillas de racionamiento y las llamadas "canastas populares de bienes". Todos los servicios fueron mantenidos gracias a los propios trabajadores y a los equipos de voluntarios. Los hospitales, por ejemplo, siguieron funcionando a pesar de que la mayoría de los médicos y enfermeras no acudían a ellos. En las industrias, se constituyeron Brigadas de Vigilancia y Comités de Defensa. Para llevar a cabo todas estas tareas, surgieron "cordones industriales" en los principales barrios obreros de la periferia de Santiago, formados por representantes de todas las empresas, a los que se asociaron también representantes de las JAP y de los consejos campesinos, con los cuales organizaron directamente la entrega de productos agrícolas. Siguiendo el ejemplo de las poblaciones del Gran Santiago, en los pueblos se crearon también los Comandos Comunales de Trabajadores, elegidos y revocables por los habitantes de cada lugar. De hecho, los trabajadores habían tomado la iniciativa adoptando una serie de mediadas que iban mucho más lejos que las consignas de la CUT y del gobierno. La acción en común tenía la virtud de poner a todo el mundo de acuerdo, uniendo a los militares y simpatizantes de los diferentes partidos de izquierda con los obreros cristianodemócratas que también participaban en la lucha contra los patronos. La clase obrera tomaba conciencia de su fuerza. He ahí lo que decía una habitante de un campamento en noviembre de 1972: "Ahora conocemos la fuerza del patrón; pero sabemos que somos fuertes. Ahora no luchamos únicamente para que los ricos aumenten nuestros salarios, pues sabemos que nuestros derechos van desde el de ocupar su fábrica al de quitársela, e incluso al de hacerla producir y al de dirigirla nosotros mismos". Desde los primeros días, el gobierno había vuelto a proclamar el estado de urgencia. El poder civil fue transmitido a los militares. Allende dejó incluso pasar una ley sobre el control de las armas, votada por la derecha, que permitía a los militares, supervisados por el subsecretario de Defensa, proceder al registro de todos los lugares o casas en busca de las armas retenidas ilegalmente, a partir de una simple denuncia. Después se ha dicho que la aplicación de esta ley se debió a una negligencia de Allende. Pero lo que hizo Allende, tanto en ésta como en otras ocasiones, fue ofrecer garantías de su voluntad de dar a las Fuerzas Armadas todos los medios para hacer respetar el orden público. Pues había depositado su confianza en el ejército, no en el movimiento de masas. En el discurso de la semana siguiente, la contraofensiva obrera conseguía superar la huelga patronal y, a medida que pasaban los días, aumentaba la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas. Los pequeños comerciantes empezaron a abrir poco a poco sus puertas. Pero al gobierno sólo le urgía una cosa: restablecer la tranquilidad. Para él, no se trataba de permitir que la clase obrera desarrollara todas sus posibilidades y aumentara hasta el fin la ventaja adquirida, sino acabar cuanto antes con la movilización. Ello le llevó a mostrarse cada vez más conciliante con la derecha. Prometió a los camioneros que no habría ninguna sanción contra los huelguistas, que los derechos de la pequeña y mediana burguesía serían respetados, que las empresas ocupadas por los trabajadores serían devueltas a sus propietarios. Finalmente, el 3 de noviembre, de acuerdo con la Democracia Cristiana, Allende hizo entrar en el gobierno a los tres principales generales del ejército, cuyo Comandante en Jefe, el general Carlos Prats, fue designado ministro del Interior. Así pues, ante la exarcebación de la lucha de clase, Allende se servía del ejército como árbitro. También hizo entrar en ese gabinete conocido como el "gabinete UP-Generales", al presidente y al secretario de la CUT. El 6 de noviembre, cesó la huelga.

Los militares en el gobierno

El Partido Comunista aprobó la decisión de Allende. "El Siglo", el periódico del PC, escribía: "El pueblo chileno tiene razón en confiar totalmente en las Fuerzas Armadas y en la conducta estrictamente profesional que las distingue". La tarea del nuevo gabinete era la de contener el movimiento popular, restablecer el orden y cumplir la promesa hecha por Allende de devolver las fábricas a sus anteriores dueños. También tenía que preparar las elecciones legislativas previstas para el mes de marzo siguiente: los militares eran la garantía de que se desarrollarían regularmente. Desde el mes de octubre, había un centenar de empresas donde los trabajadores reclamaban su integración en el sector nacionalizado. El nuevo gobierno, por su parte, decidió devolver inmediatamente una veintena de ellas a sus dueños. Pero los trabajadores no estaban dispuestos a devolver las fábricas. Amenazados de expulsión por los tribunales, pero protegidos por la solidaridad de su cordón industrial, se negaron a evacuar las empresas y se mostraron decididos a mantenerse firmes hasta el fin. Por su lado, los propietarios, envalentonados por las promesas del gobierno, apelaron a los tribunales para recuperar incluso las fábricas que ya habían pasado al �?rea de Propiedad Social. En enero de 1973, Orlando Millas, miembro de la Comisión Política del PC y ministro de Finanzas, presentó un proyecto de ley que preveía devolver cuarenta y tres empresas a sus propietarios, y, respecto a ciento veintitrés otras empresas que estaban ya bajo control estatal o en régimen de autogestión desde octubre, la creación de una comisión con poder decisorio para devolver a los patronos todas las consideradas no estratégicas. El plan de Millas provocó la indignación de los trabajadores y, entre el 25 y el 26 de enero, la zona del cordón de Cerrillos-Maipú quedó cubierta de barriadas simbólicas. Millas tuvo que retirar su proyecto de ley. En cuanto a los problemas y las dificultades de abastecimiento, la población trabajadora y las CAP de los barrios pobres reclamaban el establecimiento de cartillas de racionamiento y el derecho de continuar distribuyendo los productos. Los almacenes populares creados en octubre habían demostrado su capacidad y eficacia. El ministro de Economía, Fernando Flores, del MAPU, se declaró públicamente en favor de la cartilla de racionamiento. La reacción de la derecha fue inmediata y vigorosa. Y la oposición consiguió no sólo que Flores hiciera marcha atrás, sino que, el 21 de enero, Allende nombrara a un militar, el general Bachelet, asistido por cuatro oficiales superiores, para ocuparse de la distribución. De hecho, se trataba de poner fin a las experiencias de autoabastecimiento y de distribución de ingresos basada en la existencia de una "canasta popular de bienes" que habían puesto en práctica los trabajadores del Cordón Cerrillos durante el paro patronal. Pero la población laboriosa seguía estando muy preocupada por los problemas del abastecimiento, los cuales estaban lejos de solucionarse. La gente había entrevisto soluciones durante la huelga de octubre, y ni los militares ni el gobierno consiguieron convencerla de renunciar a ellas. La política del gabinete "UP-Generales" estaba dirigida a frenar el movimiento popular. Los partidos de izquierda se daban perfectamente cuenta de ello, pero no querían romper su solidaridad con el gobierno. De hecho, todos los partidos, desde la derecha hasta la extrema izquierda, sólo se mostraban preocupados por una cosa: el resultado de las elecciones parlamentarias de marzo. Incluido el MIR, que apoyaba al PS en esas elecciones. El Partido Nacional y la Democracia Cristiana se habían fijado como objetivo obtener una mayoría de los dos tercios en el Parlamento con el fin de derrocar a Allende. Pero, el 4 de marzo, la Unidad Popular consiguió cerca del 44% de los votos y dobló el número de sus representantes en el Congreso. La derecha había perdido su apuesta.

Marzo de 1973: la derecha pasa a la ofensiva

A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron. Llamados en ayuda por la derecha, utilizados por la izquierda como una muleta cada vez que surgía una crisis, los militares acabaron convenciéndose de que sólo ellos podían salvar el país del caos y, puestos a tener que salvarlo "de vez en cuando" realizando bajo las burlas de la derecha las bajas tareas de un gobierno impotente, pensaron que valía más hacerlo de una vez por todas y sacar de ello gloria y beneficios. Fue entonces cuando Pinochet y otros generales decidieron preparar un golpe de Estado. La derecha exigió la retirada de los militares del gobierno de la Unidad Popular para que éstos dejaran de comprometerse con la izquierda. Muy a pesar suyo, Allende se vio obligado a formar un nuevo gabinete en el que no figuraban militares, excepto en la dirección del abastecimiento. En el Parlamento, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana proseguían su pequeña guerra de obstrucción sistemática recortando, igual que lo habían hecho en años anteriores, los ingresos presupuestados para 1973. Paralizar al gobierno, agravar cuanto pudiera el caos económico, fomentar la agitación social donde fuera posible, movilizar a la juventud escolar contra el proyecto de reforma de la enseñanza, apoyar la huelga de los transportes públicos, incitar a los mineros del cobre a ir también a la huelga... La oposición atacaba sobre todos los frentes, mientras que, por su parte, los comandos de Patria y Libertad se dedicaban a hacer saltar los locales de los periódicos y de los partidos de izquierda. La agitación y la violencia siguieron desarrollándose durante los meses siguientes. El 14 de junio, los huelguistas de las minas de cobre se manifestaron por las calles de Santiago, produciéndose violentos enfrentamientos. Las señoras de los barrios ricos organizaron colectas y les ofrecieron su hospitalidad. Médicos, profesores, estudiantes y otros miembros de las llamadas profesiones liberales, se declararon en huelga "por solidaridad". Todo daba a entender que se preparaba un nuevo golpe. Y el gobierno pudo comprobarlo a finales de mayo, cuando supo que había un proyecto de golpe de Estado para el 27 de junio.

La respuesta de la clase obrera y de los partidos de izquierda

Frente a esta nueva ofensiva de los patronos y a los ataques fascistas, los cordones industriales y las organizaciones populares se volvieron a movilizar para combatir el mercado negro, asegurar el abastecimiento, organizar grupos de autodefensa... La clase obrera se mostraba dispuesta a actuar por poco que se lo pidieran. Pero los dirigentes de los partidos de izquierda no le proponían nada. Allende había resumido así su política en su mensaje al Congreso, en mayo de 1973: "El régimen democrático y la paz civil se apoyan mutua y recíprocamente y quien atenta contra uno de los dos, atenta contra ambos". Ello equivalía a predicar la moral a la derecha y a pedir a los trabajadores que se mantuvieran tranquilos. Allende sólo les pedía que aumentaran la producción... para combatir el fascismo. El Partido Comunista lanzó una campaña bajo el lema "No a la guerra civil". El Partido Socialista empleaba un lenguaje más radical. Sepúlveda, uno de sus dirigentes nacionales, durante este mismo mes de mayo, decía: "En primer lugar, debemos establecer claramente el carácter de esta guerra civil: es una guerra de clase. Ellos no pretenden únicamente derrocar al gobierno, sino imponerse brutalmente como clase, hacer correr la sangre a raudales para que los trabajadores no pretendan reconquistar el poder durante mucho tiempo. (...) Es por ello que la acción contra la guerra civil no puede ser defensiva ni pasiva; es una lucha activa para derrocar a la contrarrevolución -tomando la ofensiva- que debe organizarse a todos los niveles". Muy bien. ¿Qué proponía pues? "(...) Todos los órganos de masa (CUT, sindicatos, cordones industriales, comandos rurales, juntas de vecinos, consejos campesinos, frentes patrióticos, juventudes, mujeres, etc.) deben mantenerse en estado de alerta y de vigilancia revolucionaria y desarrollar iniciativas que contribuyan a la defensa del gobierno, como, por ejemplo, crear fuerzas orgánicas civiles que colaboren con la fuerza pública en el mantenimiento del orden y la defensa del patrimonio nacional..." Consciente quizá de la inconsistencia de su lenguaje, añadía: "Cuando se produzca una circunstancia concreta y determinada, se avisará sobre las iniciativas a poner en práctica". En claro, esto significaba: "Ya veremos más tarde". Por su parte, el líder del MIR, Miguel Enríquez se expresaba así: "(...) Nosotros afirmamos que la tarea fundamental es la de acumular una fuerza suficiente a partir de las masas para impedir la guerra civil, o para ganarla, si por azar es desencadenada por una decisión de la reacción. No se llegará a esta acumulación de fuerzas más que preparando un programa revolucionario del pueblo, que surgiría de la discusión en el seno de la clase obrera y del pueblo, y en desarrollo y el fortalecimiento de los órganos de masa". En dos palabras, generalidades seudorrevolucionarias cuando el peligro está ahí, inmediato, concreto, y que la clase obrera no necesita una discusión sobre un programa, sino prepararse para hacer frente a ese peligro. He ahí el drama del proletariado chileno: todos los que pretendían ser sus defensores, sus dirigentes, tanto los de izquierda como los de extrema izquierda, tanto los partidos comunista y socialista como el MIR, sólo gritaban y repetían "no a la guerra civil", "no a la guerra civil", como si sus invocaciones pudieran alejar el peligro por arte de encantamiento. Aterrorizados por el desarrollo implacable de la lucha de clases, arrastrados por el vértigo, preferían cubrirse el rostro y mirar hacia otra parte. Refugiarse en los buenos sentimientos, el pacifismo, la no violencia, he ahí el mayor crimen que pueden cometer las gentes que pretenden ser los jefes de la clase obrera. En Chile, ante el peligro, ante la inminencia de una guerra a muerte, han desarmado la clase obrera. En vez de armarla política, moral y materialmente, antes de conducirla al combate con las mayores posibilidades de éxito, la condujeron -desorientada, desmoralizada y desarmada- al matadero. Sin embargo, en el propio seno del ejército había hombres dispuestos a enfrentarse con sus oficiales. Por ejemplo, desde 1972, los marineros y suboficiales de los buques de guerra informaban a los dirigentes de la Unidad Popular acerca de los planes de golpe de Estado que tramaban los militares y se habían preparado para adelantarse a los golpistas. Tenían un plan para apoderarse de los buques y servirse la potencia de fuego de la Marina de Guerra contra las unidades golpistas. Los representantes de esta organización de la marinería se entrevistaron con responsables de los partidos de izquierda. Juan Cárdenas, uno de los líderes de los marineros, dijo acerca de esta entrevista: "Un camarada y yo fuimos a una reunión a la que asistían varios dirigentes de la Unidad Popular. Allí les dimos toda la información referente al golpe de Estado (...) Entonces, un miembro de la Comisión Política del Partido Comunista nos desacreditó de entrada diciendo que estábamos tratando de enfrentar el Estado Mayor y el Gobierno el uno contra el otro, que el Estado Mayor estaba trabajando con el gobierno, siguiéndolo, y que por eso era un Estado Mayor progresista (...).

Los camaradas del MIR se mostraron más interesados -eran desde luego los mejores de toda la izquierda- pero, aunque nos escucharon más que los otros, tampoco obtuvimos de ellos lo que buscábamos (...).

Paso ahora al camarada Garretón, un hombre que pretendía ser revolucionario y que estaba en MAPU chileno (...). Este nos pregunto: "¿Y qué es lo que queréis hacer, vosotros?". "¿Nosotros?. Nosotros estamos preparados para contrarrestar este ataque". "Bueno, ¿pero cómo vais a contrarrestar este ataque?". "La condición número uno es que todas las baterías estén preparadas para abrir el fuego en una fracción de segundo". "Bueno, ¿y porqué queréis abrir el fuego?" " Pues bien, porque debemos destruir a toda la infantería de marina". Esto no le gustaba nada. Nos dijo que no se podía hacer, que ello mancharía el prestigio de la izquierda chilena (...).

A pesar de todo, probamos luego del lado de los socialistas (...). Allí, un compañero nos dijo que nuestro plan estaba bien, pero que podríamos ponerlo en práctica después que los militares hubieran dado su golpe de Estado. Nosotros le explicamos que esto sería imposible, que en las acciones militares sólo son eficaces los golpes que se dan primero. Cuando ellos habrán realizado su golpe, no quedará ninguna probabilidad. No podremos ni explicarlo si quiera, ya que estaremos muertos. Se nos respondió que había que esperar un poco.

Después de todas estas experiencias, muchos camaradas no querían ir más lejos, mientras que otros, la mayoría, decían que era preciso buscar apoyos, no importa de qué manera; pues, nosotros, somos la clase obrera y, por consiguiente, debemos estar con los obreros, si no, de todas maneras, serán los otros quienes nos liquidarán cuando hagan su golpe de Estado". La determinación de los marinos, sus vehementes deseos de luchar y de darse los medios para poder vencer, chocaban con la pasividad y la indecisión de los dirigentes de la izquierda, precisamente cuando todo el país estaba pendiente del inminente golpe de Estado previsto para fines de junio.

El golpe de estado abortado del 29 de junio

En presencia de un nuevo y conocido plan subversivo de los militares, las autoridades no podían permanecer inactivas. El general Prats, entre el 25 y el 26 de junio, ordenó la detención de algunos generales y el gobierno proclamó el estado de emergencia. El golpe de Estado tuvo que ser aplazado. Pero, el 29 de junio, un regimiento de blindados se sublevó y atacó el Palacio presidencial. La CUT llamó inmediatamente a los trabajadores pidiéndoles que ocuparan las fábricas. Los partidos de la Unidad Popular se reunieron y declararon estar dispuestos a distribuir armas entre los trabajadores. Allende también se dirigió a estos últimos para que ocuparan sus puestos de trabajo y les anunció que recibirían armas "si la situación lo requería". Pero fue el general Prats quien se puso al frente de las tropas leales al gobierno y quien obtuvo la rendición de los amotinados. La resistencia ofrecida por éstos no fue excesiva, pero hubo a pesar de todo una treintena de muertos, en su mayoría civiles que se presentaron sin armas con el propósito de ayudar a sofocar la rebelión. Una inmensa muchedumbre se congregó después de estos hechos ante el Palacio presidencial, donde Allende hizo aclamar al ejército leal por la multitud. He ahí la opinión de un militante de los cordones acerca de este acontecimiento: "Está bien que una parte de las Fuerzas Armadas haya defendido al gobierno, pero yo pienso que el ejército está ahí para defender los intereses dela burguesía, y nadie me convencerá de lo contrario, ni el camarada Allende, ni el partido al que pertenezco. Esto es lo que pienso. Nosotros, los obreros, debemos prepararnos. Cuando hemos ido a la manifestación, he tenido la impresión de que el camarada Allende no tenía confianza en los trabajadores". Como en octubre de 1972, mejor todavía que entonces, la movilización obrera respondió a la tentativa de golpe. Varios centenares de empresas fueron ocupadas en Santiago. La resistencia fue organizada por los cordones, que se coordinaron entre sí. La CUT se hizo representar en todos ellos (hasta entonces no se había dignado ni a reconocerlos). En el campo, los campesinos empezaron a apoderarse de las tierras que no habían sido tocadas por la reforma agraria. En todas partes, los trabajadores aspiraban a destruir el poder de los propietarios arrebatándoles los medios de producción. En todas partes, los trabajadores se preparaban para resistir. Pero la preocupación de Allende seguía siendo siempre la misma: llegar a un entendimiento con la Democracia Cristiana. Con tal fin, trató incluso de hacer entrar a miembros de ésta en el gobierno. Pero la Democracia Cristiana se opuso a ello. No obstante, Allende no rompió el diálogo con el PDC, sino que trató de satisfacer uno de los puntos fundamentales que planteaba la Democracia Cristiana para llegar a un acuerdo (el de "reforma de las tres áreas de la economía"; es decir, dar prioridad a las áreas privada y mixta en detrimento del área social). Para lo cual, Allende propuso un plan de recuperación económica y volvió a exigir a los trabajadores que devolvieran las fábricas. Esta vez, necesitó varios días para hacérselo admitir a la CUT. Pero, finalmente, el 10 de julio, ésta cedió, contribuyendo, así, a acabar de desmoralizar a los trabajadores. En una fábrica textil, una obrera de 49 años que había ocupado la fábrica con sus camaradas expresaba su indignación por esta decisión de la CUT en los siguientes términos: "Esta declaración es una traición a la clase obrera. Quizá esta empresa sea pequeña; pero, en el fondo, lo que hay de importante aquí es político, no económico: si nosotros, los trabajadores, queremos el poder, jamás lo obtendremos devolviendo las fábricas, por pequeñas que sean". A pesar de la deserción de la CUT, los trabajadores resistieron en un centenar de empresas. Sin embargo, muchos empezaban a sentirse traicionados. Cortando y frenando la movilización popular, el gobierno se condenaba irremediablemente. Pero, entre la resolución revolucionaria de los problemas por las masas proletarias en acción, y el caos, la p

El golpe se prepara a la luz del dia: allende cubre al ejercito

La huelga de las minas de cobre había cesado a comienzos de julio. Pero, antes de acabar el mes, los camioneros tomaron el relevo declarándose de nuevo en huelga. Tenderos, médicos y demás profesiones liberales hicieron lo mismo. Los comandos de Patria y Libertad reanudaron sus atentados. Un colaborador directo de Allende fue asesinado. Las acciones terroristas y los sabotajes se extendían por todo el país y su número aumentaba a medida que pasaban las semanas (en agosto, alcanzaron un promedio de uno por hora). Los muertos se contaban por docenas. Paralelamente y al amparo de la ley de control de armas votada en octubre de 1972, los destacamentos militares se dedicaban a registrarlo todo, los locales de los partidos de izquierda y de los sindicatos, las fábricas, las granjas, las escuelas, las universidades, los barrios obreros. Registraban por todas partes, menos del lado de los grupos fascistas. Una de estas operaciones ha sido relatada de la siguiente manera: "En Punta Arenas, una ciudad de unos 70.000 habitantes, en la mañana del 4 de agosto, unos 800 hombres rodearon el barrio industrial (...) Para una operación de rastreo en ocho fábricas, llevaban tanques y metralletas con la bayoneta calada. Un avión militar sobrevolaba el sector (...) Durante la operación, los oficiales obligaron a los trabajadores a sufrir, uno a uno, un interrogatorio intensivo apuntándoles con su metralleta. Pedían los nombres y direcciones de los líderes sindicales, sus ideas políticas y los nombres de los dirigentes de los cordones". En su libro "Critica de la Unidad Popular", Felipe Rodríguez resume esta cuestión diciendo: "La aplicación de la Ley de control de armas significaba entregar en manos de uno de los contendientes -Derecha golpista y oficiales conspiradores- la cobertura jurídica e institucional para desarmar al otro". De hecho, para los militares encargados de aplicar dicha ley, estas operaciones formaban parte de la preparación del golpe. Les permitían intimidar y, al mismo tiempo, obtener la seguridad de que los trabajadores no tenían armas, así como recuperar todas las que podían encontrar. Constituían, en fin, una especie de ensayo general que les permitía descubrir las reticencias que podían existir en el seno del propio ejército respecto a la situación de franca conspiración en que se encontraban tanto el ejército como la armada. Concretamente, esto se tradujo en el desmantelamiento de la red de información puesta en pie por los marineros, un centenar de los cuales fueron detenidos y salvajemente torturados por sus oficiales, que no les perdonaban haber puesto al descubierto sus actividades conspirativas y querían obligarles a denunciar públicamente a los dirigentes de los partidos de izquierda con los que habían mantenido contactos (Carlos Altamirano, el secretario general del PS; Garrretón, el dirigente del MAPU, y Miguel Enríquez, responsable del MIR) con el fin de poder acusarles de haber intentado fomentar un amotinamiento en el ejército. En realidad, los golpistas actuaban ya como si estuvieran en un país conquistado y eran los hombres leales al gobierno quienes eran detenidos, torturados y encarcelados a la vista de todo el mundo. ¿Que hizo Allende ante esta situación?. Nada nuevo. Siguió declarándose solidario con las posiciones del Estado Mayor. Permitió que la justicia militar acusara a los marineros de "haber faltado a su deber militar" y llegó hasta a presentarlos como izquierdistas manipulados por la extrema derecha. La marina, por su parte, se atrevió a entablar diligencias contra los tres dirigentes de los partidos de izquierda y a pedir la supresión de la inmunidad parlamentaria de Carlos Altamirano. Garcés, el consejero personal del presidente, relata que Allende pidió al ministro de Asuntos Exteriores que tratara de: "convencer a Altamirano de la necesidad de enfrentarse personalmente a la acusación, sin poner por delante la responsabilidad del PS y sin poner en peligro las relaciones entre la marina y el gobierno. Con ese fin, le aconsejó renunciar provisionalmente a sus funciones de secretario general y a esforzarse en clarificar el alcance real de las acusaciones de que era víctima". El 9 de agosto, Allende volvió a llamar a los militares a participar en el gobierno. Los trabajadores quedaron sorprendidos y desorientados. Pero, esta vez, la presencia de militares-ministros no calmó la agitación de las clases medias. Por lo demás, el ministro de Transportes, general Ruiz, se negó rotundamente a intervenir contra los transportistas. Allende tuvo que cesar a su ministro el 18 de agosto, nueve días después de haberlo llamado al gobierno, relevándole al mismo tiempo como Jefe del Ejército del Aire; pero, en compensación, revoc

La posicion de los partidos

Durante los dos meses transcurridos entre el golpe de Estado frustrado del 29 de junio y el golpe de Estado victorioso del 11 de septiembre, mientras se veía como el ejército se preparaba casi abiertamente para derrocar al gobierno y estaba claro que Allende había elegido esperar el inevitable golpe de Estado sin hacer nada para impedirlo, ¿qué trataron de hacer los partidos de la Unidad Popular, qué política propusieron a sus militantes y a la clase obrera?. Corvalán, el dirigente del PC, decía explícitamente que no quería armar a los trabajadores. En julio, escribía en "El Siglo", el órgano del Partido Comunista: "Los reaccionarios (...) afirman que nuestra política pretende substituir el ejército de carrera. ¡No, señores! Seguimos y seguiremos defendiendo el carácter estrictamente profesional de nuestras instituciones militares". El PC participó también en los Comités de Defensa (no armados) creados en las fábricas como medida de seguridad contra los sabotajes de la extrema derecha y que, además, estaban dispuestos a defender al gobierno en caso de ataque. Pero no eran ese tipo de comités sin armas y recluidos en sus fábricas lo que necesitaba la clase obrera. Ante el peligro que se cernía cada vez más sobre ellos y frente a los militares que se preparaban para fusilarlos, los trabajadores debían buscar formas de armarse, de establecer lazos entre las fábricas, los barrios, los sectores; debían prepararse a su vez para impedir que el ejército pudiera realizar sus propósitos. En dos palabras, debían prepararse para tomar la ofensiva si querían evitar verse degollados los unos tras los otros, cada uno en su fábrica o en su barrio. Desde este punto de vista, los Comités de Defensa no fueron más que una forma de dar gato por liebre a los militantes más combativos de las fábricas, desviándolos de tareas más urgentes y necesarias. En cambio, para el Partido Comunista, lo más importante era tratar de impedir la guerra civil, pues partía de la certeza (es el propio Corvalán quien lo afirma) de que "si se desencadena la guerra civil, no tenemos ninguna posibilidad de victoria". Confiar en la buena voluntad de las Fuerzas Armadas le pareció, pues, hasta el fin, una alternativa menos peligrosa que la de apoyarse en la clase obrera. Por su parte, el Partido Socialista se daba perfecta cuenta de que se iba hacia una catástrofe. Su líder, Carlos Altamirano, propugnaba armar a los trabajadores y, a la vez, llamar a la desobediencia en el ejército. Pensaba incluso que era la única posibilidad de evitar el desastre que se veía venir. Más tarde, aunque ya estaba convencido de ello, en 1973, diría: "El desarrollo y la puesta en práctica de una estrategia armada en el transcurso del proceso revolucionario era algo muy difícil (...). Pero la vía pacífica en el Chile de 1970-1973 era imposible". Sin embargo, no hizo nada. Se limitó a pronunciar discursos combativos. Más tarde, justificarla incluso al Partido Socialista diciendo: "El PS hizo cuanto pudo para desarrollar una estrategia que garantizara una autodefensa del proceso revolucionario..." Así pues, él también contribuyó a organizar los Comités de Defensa en las fábricas y en los barrios. Según Altamirano: "El PS no podía hacer más. Ir más lejos hubiera puesto en peligro la unidad de la coalición gubernamental y la estabilidad del régimen". En cuanto al MIR, éste se dedicó principalmente a adaptar una política a la emergencia de corrientes más radicales en el seno de la Unidad Popular y particularmente en el del PS. Debido a ello, tampoco el MIR propuso a la clase obrera una política claramente opuesta a la desarrollada por el gobierno. De hecho, Altamirano y la izquierda del PS consideraban que no podían hacer nada sin las restantes fuerzas de la Unidad Popular y sin Allende. El MIR, por su parte, consideraba que no podía hacer nada sin él a la izquierda del PS. Esto significaba, de eslabón en eslabón, hacer depender el futuro inmediato de la clase obrera de la política de Allende, el cual dejaba este futuro entre las manos del ejército. Esta profunda desconfianza en la clase obrera es una de las características de los partidos que no son partidos revolucionarios proletarios. Su lenguaje revolucionario, cuando lo tienen, sólo sirve para engañar a los trabajadores haciéndoles creer que tienen unos jefes que están verdaderamente a su lado y con los cuales pueden contar, cuando, en realidad, no tienen ninguno. Si la clase obrera chilena lo hubiera sabido, quizá se hubiera buscado otros, quizá hubiera adoptado las decisiones que se imponían. Y es precisamente por esto que la política de la izquierda y de la extrema izquierda chilenas también fue criminal. Puesto que, con la confusión que mantenía en la conciencia de la clase obrera, contribuyó a dejarla indefensa y sin política frente a sus verdugos. Últimos preparativos. el golpe de estado del 11 de septiembre El 24 de agosto, el general Prats, que se había negado a colaborar con los golpistas, dimitió de su cargo de ministro y de su puesto de Comandante en Jefe del Ejército, para salvaguardar la unidad del ejército. Allende nombró un nuevo Comandante en Jefe para cubrir la baja de Prats. El hombre elegido fue el general Pinochet. A partir de entonces, el ejército no necesitaría ni siquiera sublevarse para derrocar al gobierno: le bastaría con obedecer a su Comandante en jefe. Entre finales de agosto y principios de septiembre, el ejército estuvo realizando acciones de gran envergadura contra el movimiento popular y llegó a controlar regiones enteras. Un periodista ha explicado que, en Cantín, una región donde los campesinos indios se habían movilizado a fondo para recuperar la tierra: "El golpe militar fue dado una semana antes que el golpe nacional. No quedó una sola cooperativa de las 134 de la región. Ni siquiera una. Todas fueron arrasadas. Los campesinos, hombres, mujeres, casi todos de origen mapuche, fueron detenidos, torturados (se les pedía dónde estaban las armas y las radioemisoras, el nombre de los campesinos que habían huido a la montaña), después, los cadáveres eran lanzados al mar". El 4 de septiembre, hubo en Santiago una enorme manifestación para apoyar a Allende. 700.000 personas desfilaron ante el Palacio presidencial. Pero la congregación de esta multitud desarmada no impresionó a los militares. Sabían exactamente a qué atenerse en cuanto a la fuerza que disponían los trabajadores. Habían transcurrido sólo dos meses desde el "trancazo" del 29 de julio y, aunque abortado, ese golpe de Estado era considerado muy aleccionador por los militares (Pinochet veía en él incluso el dedo de Dios indicándole las modificaciones a introducir en su plan). Durante estos dos meses los oficiales golpistas habían podido evaluar tranquilamente la relación de fuerzas, medir las posibles resistencias, comprobar la política de los partidos y conseguir incluso el control de las provincias, rompiendo militarmente las zonas de resistencias que más podían molestarles. El 5 de septiembre, seis días antes del golpe de Estado, los Cordones Industriales enviaban a Allende una carta que constituye un dramático llamamiento a actuar sin pérdida de tiempo: "Nosotros pensamos que no sólo se nos pone sobre la vía que nos conduce al fascismo a una velocidad vertiginosa, sino también se nos está privando de medios para defendernos. Es por ello, señor presidente, que os pedimos que os pongáis al frente de este ejército sin armas, pero poderoso por su conciencia; que os pedimos que los partidos proletarios dejen a un lado sus divergencias y se conviertan en la verdadera vanguardia de esta masa que se ha organizado, pero que no tiene dirección". Los trabajadores acababan diciendo que si su llamamiento no era oído: "no habrá guerra civil en el país, sino una matanza fría, planificada, de la clase obrera más consciente y mejor organizada de América Latina". Esta carta quedó sin respuesta. Allende estaba convencido de que el golpe de Estado era inminente. El domingo, 9 de septiembre, ante la gravedad de la situación, decide anunciar "en el curso de las próximas horas"... ¡un referéndum! Hasta el último momento, la izquierda se limitó pues, a oponer el arma fútil de la legalidad y de las papeletas de votos a las tropas y a las armas muy reales del Estado Mayor. El 10 de septiembre, todo está en calma. Los buques de guerra zarpan como estaba previsto del puerto de Valparaíso para participar en unas maniobras conjuntas con la flota estadounidense. Pero, durante la noche del 10 al 11, la flota chilena regresaba después de haber echado al mar a todos los marineros y oficiales que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado. El 11 de septiembre, a las seis y media de la mañana, Allende se entera de que la marina se ha sublevado. No consigue ponerse en contacto ni con Pinochet ni con los demás jefes militares porque ninguno está en su casa. Sólo los carabineros responden al teléfono y llegan para proteger el Palacio presidencial, al cual Allende se dirige inmediatamente con sus ministros y consejeros. A las ocho de la mañana, Allende, por la radio, anuncia la existencia de una insurrección y pide a los trabajadores que vayan a sus puestos de trabajo y que no pierdan la "la calma y la serenidad". "Lo que deseo esencialmente-dice-es que los trabajadores se mantengan en guardia, que vigilen y eviten cualquier provocación. En una primera fase, debemos conocer la actitud, que yo espero positiva, de los soldados de la patria que han jurado defender al régimen establecido, el cual es la expresión de la voluntad de los ciudadanos, y que seguirán la doctrina que ha hecho y hace el prestigio de Chile, gracias a la conciencia profesional de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias, tengo la convicción de que los soldados sabrán cumplir con su deber. Sea como sea, el pueblo y los trabajadores, sobre todo éstos, deben estar activamente movilizados, pero en sus lugares de trabajo; deben escuchar el llamamiento que puede lanzarles y las instrucciones que les dará el camarada-presidente de la República". Por su parte, la junta militar, en su primer comunicado radiado exige la dimisión inmediata del presidente. Esta vez, el golpe ha arrastrado a todo el ejército y también a los carabineros, que abandonan el Palacio presidencial. Allende se niega a rendirse y a tomar el avión que le proponen los militares para que se marche al extranjero. Entre las ocho y las nueve y media de la mañana, Allende se dirige cinco veces a la población; pero en ningún momento la llama a combatir contra las Fuerzas Armadas ni a acudir a defenderle. A las doce y media, el Palacio está en ruinas a causa de los bombardeos a que ha sido sometido. Veinte hombres resisten todavía. A las dos de la tarde, todo ha terminado. Allende ha muerto con el fusil en la mano, después de haber desarmado a la clase obrera.

La reacción de los trabajadores

Garcés, el consejero de Allende, cuenta que la dirección de la Unidad Popular se reunió el día 11 por la mañana para llegar a la siguiente conclusión. "No se debe ofrecer resistencia. Los obreros deben abandonar sus lugares de trabajo y volver a sus casas". Corvalán explicará más tarde que: "Para luchar contra los golpistas no habrían faltado combatientes. Había voluntad de lucha. Pero una vanguardia responsable no puede tener en cuenta este solo factor. La verdad es que esta voluntad de lucha estaba limitada por una impotencia real". Altamirano, por su parte, cuenta que la Comisión militar del Partido Socialista, con asistencia de todos sus miembros, se había reunido y había llegado a la conclusión de que: "Las posibilidades de defensa eran prácticamente nulas. Ya no era posible, en una sola mañana, poner en marcha lo que habría debido ser programado desde hacía meses o, por lo menos, durante las semanas precedentes. La idea de llamar a los trabajadores al centro de Santiago o de llamarlos a una huelga nacional fue desechada". En los barrios obreros, en las empresas, los trabajadores están movilizados, en conformidad con los planes previstos por los Comités de Defensa y allí esperan consignas y armas. En realidad, hacia ya varias semanas que los trabajadores se preparaban, como en este barrio de Santiago, desde donde se nos cuenta: "La séptima y la octava comuna están dispuestas a defender el barrio en caso de guerra civil; es decir, ocupar puntos neurálgicos como la policlínica, pero también defender el barrio en su conjunto. Estos grupos disponen de muy pocas armas de fuego antes del golpe de Estado. Los partidos (MAPU, MIR, PS), deben proporcionar armas y municiones. El 11 de septiembre de 1973, las armas son anunciadas, pero no pasa nada. Los grupos de defensa ocupan el barrio, disparan contra la policía. Las calles se vacían, la gente se esconde. El día siguiente se anuncia de nuevo que llegarán armas al atardecer. Circulan rumores de que el general Prats viene del Norte, que el general X viene del Sur. Durante cinco días, los militantes ocupan el barrio esperando unas armas que no llegarán jamás". En la fábrica Sumar, los trabajadores esperan inútilmente instrucciones. Los militantes están divididos acerca de lo que conviene hacer. Comienzan, sin embargo, a prepararse para resistir sin armas. Se recuperan algunas por azar. Cuando llegan las consignas del PC, se produce la desbandada. Doscientos obreros se quedan y luchan encarnizadamente contra la policía y las fuerzas del ejército que disparan desde todos los lados. La fábrica es atacada desde el aire por helicópteros y aviones. En la fábrica de material eléctrico que ha sido convertida en el Cuartel General del Cordón de Cerrillos, llegan por la mañana hombres y armas procedentes de las otras fábricas del cordón. Pero los trabajadores esperan instrucciones y pierden un tiempo precioso. Discuten entre ellos para decidir si hay que defender la fábrica o marcharse a combatir fuera. Algunos se marchan, otros se quedan. Los partidos de izquierda habían dejado a los trabajadores sin dirección; prácticamente sin armas; aislados los unos de los otros; sin planes para pasar rápidamente a la ofensiva, procurarse armas y luchar. No obstante, batirse no habría costado más caro a los trabajadores y a los militantes que dejar a Pinochet salirse con la suya sin oponerse realmente a ello. Y habría habido quizá entonces una posibilidad de vencer. Pero el caso es que, después de haberse negado a creer en la lucha o a preparar el combate, los jefes de la izquierda habían dejado de creer en la posibilidad de batirse cuando el enemigo se lanzó a la lucha. Eso era quizá todavía posible el 11 de septiembre. Desde luego, el ejército no estaba dividido en dos como lo preveían los estrategas de la izquierda; pero surgieron dudas entre la tropa, algunos soldados se negaron a obedecer y lo pagaron con su vida. Los carabineros sólo se pusieron al lado del ejército cuando vieron que ni el propio Allende llamaba a resistir. Sobre 25.000 carabineros, los golpistas fusilaron a 3.000 por haberse negado a obedecerles. Los obreros, actuando con rapidez, quizá habrían podido apoderarse de las armas, si no hubieran confiado y esperado que los dirigentes se las proporcionaran. En algunos lugares, los trabajadores consiguieron armarse en cuarteles y comisarías de la policía, pero fueron casos aislados. Los medios puestos en acción para apoderarse de Santiago (aviación, tanques), muestran que los golpistas temían, a pesar de todo, una violenta reacción de última hora de la clase obrera. Los soldados, por lo menos, así lo creían y tenían probablemente miedo. Hay que tener en cuenta que una de las tácticas de los generales fue hacerles creer que la izquierda había preparado un plan subversivo y que los partidos de izquierda estaban armados hasta los dientes. Lo que les faltaba a los trabajadores no era ni ganas de batirse ni valentía. Tampoco eran inferiores numéricamente, pues en Santiago eran centenares de miles frente a un ejército que sólo contaba, sin los carabineros, con un total de 50.000 hombres. Lo que les faltó a los trabajadores fue una dirección tan decidida como ellos, la cual habría podido, con un plan de conjunto, dar toda su eficacia al brío y coraje de los obreros. Pero la que se habían dado les dejó vergonzosamente abandonados ante el peligro de muerte y aniquilamiento que se cernía sobre ellos.

Y ahora, ¿qué?

En efecto, la traición puso punto final a todo. Pero, ¿quién se acuerda hoy de esta verdad?. ¿Quién la ha dicho, quién la ha proclamado a los pobres, a los trabajadores que manifiestan en estos momentos contra el régimen de Pinochet sacrificando a veces su vida? Un mes, un año, doce años después, los dirigentes de la izquierda que se sitúan hoy, de nuevo, a la cabeza de las manifestaciones populares, no han sabido mostrar a las masas más que las santas imágenes del calvario y la pasión de Allende, vendido por Judas-Pinochet. Han convertido incluso el retrato gigante de Allende en el icono de la democracia chilena y han hecho desfilar detrás suyo a los proletarios, ¡cómo si éstos tuvieran necesidad de iconos y no de verdades para ponerse de nuevo en pie, reagruparse y recuperar verdaderamente sus fuerzas! Marx ya ridiculizó en su día (cuando Napoleón III dio su golpe de Estado de 1851, después del aplastamiento de los obreros parisinos en la revolución de 1848) al demócrata burgués que "sale de la derrota más ignominiosa tan inmaculado como inocente entró en ella". Y todo parece indicar que, tras su terrible derrota sin lucha de septiembre de 1973, los "partenaires" de la Unidad Popular no fueron la excepción de la regla. Así es como se dulcifica la historia y se engaña a un pueblo. Así es como se las apañan para hacerle repetir siempre las mismas tragedias. Así es como los dirigentes de la llamada Unidad Popular convirtieron esta unidad en un compló silencioso contra las masas. La historia de la infidelidad de Pinochet es archiconocida. Según dicen, Allende creyó hasta el fin poder contar con un sector del Estado Mayor y, principalmente, con el nuevo Comandante en Jefe que acababa de nombrar en general Augusto Pinochet. Le parecía que un general tan dócil, tan obsequioso, tan cumplidor y diligente no debía inspirar desconfianza. El día siguiente del golpe, Pinochet se jactaba ante un grupo de oficiales de su habilidad frente Allende, exclamando: "¡Y decir que este idiota confió en mí hasta el final!". Pero, ahí, si la frase grosera juzga a alguien, es al propio Allende. Pues, hasta el fin, Allende confió en el ejército: mejor dicho, le confió la suerte del pueblo. Y no lo hizo ni por estupidez, ni por credulidad, ni por ceguera, ni por magnanimidad. Allende sabía lo que hacía. Ya que, como todo el mundo, él también veía venir el golpe de Estado desde mucho antes. Pero, del principio hasta el fin, Allende se negó sistemáticamente a apoyarse en la movilización popular para destruir el ejército. Sintiéndose enteramente responsable respecto a los intereses generales de la clase dominante, cuya última salvaguardia y garantía es el ejército, Allende prefirió un baño de sangre antes que tocar a este último. Y esta elección la hizo a conciencia y sabiendo lo que podía ocurrir. Desde 1971, decía: "Si algunos creen que en Chile un golpe de Estado se reduciría, como en otros países latinoamericanos, a un simple cambio de la guardia en La Moneda, se equivocan enormemente. Aquí, si el ejército sale de la legalidad, es la guerra civil. Es Indonesia. ¿Creéis que los obreros se dejaran arrebatar sus industrias, y los campesinos sus tierras?. Habrá cien mil muertos, habrá un baño de sangre". La opción de Allende fue, pues, una opción de clase. En el curso de su mandato, tras cada radicalización de la clase obrera, Allende formó gobiernos con participación de militares. Cuanto más los trabajadores levantaban cabeza, aunque sólo fuera manifestando por Allende, más éste debía hacer contrapeso, lisonjear, consentir, ofrecer garantías y tender la mano al ejército; en realidad, pedirle ayuda. Cada vez y desde hace muchos años, estos supuestos demócratas que llegan al poder con el consentimiento y el apoyo de las masas, se empeñan en defender el orden burgués contra la revolución en marcha o simplemente en potencia, recurriendo al aparato policiaco-militar. Y cuando no son ellos mismos los que hacen imperar el terror blanco, es la dictadura militar o fascista la que se encarga de hacerlo, aunque tengan que ser ellos las primeras víctimas. Recíprocamente, no se puede llevar adelante una lucha contra la reacción militar, contra el fascismo, sin barrer estos pretendidos gobiernos del pueblo contra el pueblo, y hacerlo con los métodos de la revolución proletaria. La felonía de los militares ha sido la pobre excusa invocada por Allende, El Partido Comunista, por su parte, se dedicó a acusar con mayor ahínco todavía a la CIA, el enemigo exterior en cierto modo. Evidentemente, todo el mundo sabe que la CIA y otros servicios secretos imperialistas se hallan detrás de todos los golpes sucios y traicioneros que se producen en un lugar u otro del planeta. ¿Cuál es el golpe de Estado de extrema derecha que no ha sido apoyado por los servicios secretos norteamericanos, franceses o ingleses, cuando no por los tres a la vez?. Está claro que la reacción interior, apoyada por la reacción exterior, siempre intervendrá desde el momento en que se sentirá con fuerzas para hacerlo, desde el momento en que la situación se prestará a ello, desde el momento en que tendrá probabilidades de vencer. Pero todo esto equivale a decir que los enemigos son los enemigos. Que son invencibles. Y que, considerándolo todo, la victoria del proletariado sigue siendo imposible. Pobres excusas. Ningún jefe militar de un ejército burgués sería perdonado por su Estado Mayor, si invocara como justificación por el aplastamiento de su ejército, la felonía, la traición o la fuerza del ejército enemigo. Los proletarios son los únicos que aceptan tales pretextos de parte de quienes hablan en su nombre. Desde hace 150 años, los "demócratas" que conducen a los proletarios desarmados de derrota en matanza, invocan cada vez tan vergonzosas excusas. Blanqui, que fue en su tiempo un auténtico jefe revolucionario proletario, les respondió como se merecían. A pesar del tiempo transcurrido, su respuesta, su ira, siguen siendo tan saludables como lo fueron entonces. He ahí algunos párrafos de lo que dijo: "La reacción no ha hecho más que su oficio degollado ala democracia. El crimen lo han cometido los traidores que el confiado pueblo había aceptado como guías y lo han entregado a la reacción (...) ¡Ay de vosotros si, el día del próximo triunfo popular, la indulgencia olvidadiza de las masas dejada volver al poder a uno de estos hombres que no han cumplido sus compromisos!. Por segunda vez, la revolución estaría perdida (...) Discursos, sermones, programas, no serían más que artimañas y mentiras; volverían los mismos malabaristas para realizar idénticos escamoteos; formarían el primer eslabón de una nueva cadena de furiosas reacciones (...) ¡Vergüenza y piedad para la masa imbécil que caería de nuevo en sus redes! (...) Es preciso precaverse contra los nuevos traidores. Traidores serían los gobernantes que, alzados por el poder popular, no decretarían inmediatamente: 1) el desarme general de los guardias burgueses, 22) el armamento y la organización en milicia nacional de todos los obreros. Sin duda, hay muchas otras medidas que son indispensables; pero éstas surgirán naturalmente de este primer acto que es la garantía previa, la única señal de seguridad para el pueblo. (...) Las armas y la organización, ¡he ahí el elemento decisivo del progreso, el medio decisivo para terminar con la pobreza!. Quien tiene hierro, tiene pan. Se hacen reverencias ante las bayonetas, se barre a las muchedumbres desarmadas". Podemos y debemos recordar estas palabras de Blanqui. El programa que traza para las clases trabajadoras habría sido válido para el Chile de Allende, y sigue siendo válido para el Chile de hoy. "El primer acto", "la garantía previa", "la única señal de seguridad" para las masas populares chilenas que quieren emanciparse, deberá consistir en arrancar los hombres de la tropa de la influencia de los oficiales y ponerlos bajo el control directo de la población y de las organizaciones que ésta se haya dado; en destruir el ejército de arriba a abajo; es decir, impedir que los soldados queden acuartelados, apartados de la población y fuera del control de ésta y enteramente sometidos al cuerpo de oficiales de carrera; es decir, imponer un ejército de los trabajadores que haga la instrucción militar en sus barrios, en sus lugares de trabajo, bajo la dirección de jefes elegidos y sin jerarquías ni grados todopoderosos, un ejército puesto bajo el control de la población trabajadora. El primer acto de salvación pública de la clase obrera chilena, el día en que se movilizará de nuevo contra sus explotadores, deberá consistir en destruir este ejército, no en depurarlo eligiendo entre buenos y malos oficiales, no buscando componendas con los que se presenten como leales, demócratas, constitucionalistas, antifascistas, quién sabe qué todavía; pero que, en el fondo, siempre serán solidarios los unos de los otros. No; se deberá destruir, romper definitivamente el poder de los oficiales. Esta lección, en Chile, la dictadura la ha inscrito con letras de sangre en la carne de los pobres. Y sea cual sea la evolución del régimen de Pinochet, sea cual sea el régimen que le suceda, las masas populares no tendrán nunca ninguna garantía de seguridad mientras el ejército se mantenga sometido al cuerpo de oficiales de carrera y al Estado Mayor que hoy ejercen el poder valiéndose de una represión abierta, feroz y sangrienta y que, en un régimen democrático, se mantendrán como una amenaza permanente contra las clases populares, amenaza que los politicastros de derecha o de izquierda no dudan nunca en utilizar para recordar al pueblo que debe mantenerse tranquilo. Esta es, en definitiva, la lección del Chile de los años 1970-1973. Y hoy como ayer, todos los que no inscriben en su programa el desarme del ejército y de la policía para que no puedan hacer más daño, todos los que no proponen abiertamente ese objetivo a la clase obrera, todos los que no le dicen desde ahora y claramente que a partir del momento en que la relación de fuerzas pondrá de nuevo en marcha la sublevación militar, ésta será la primera tarea de los trabajadores; todos estos no defienden a los trabajadores, sino que preparan nuevas desilusiones o nuevas matanzas. Y los trabajadores deben desconfiar de ellos, por revolucionarias que sean sus frases o quizá más todavía cuando más revolucionarias sean. Y esta lección trágica de Chile es también válida para muchos otros países, incluso para nosotros, aquí, en Europa.

Comentar este artículo

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0